Caso Vicentin: cómo una agroexportadora argentina ocultó su quiebra en los balances

Durante décadas, en Avellaneda, al norte de Santa Fe, el apellido Vicentin fue sinónimo de poder agroindustrial. La empresa molía soja, exportaba aceite y harina, compraba granos a miles de productores y era el principal cliente del banco público más grande del país. En diciembre de 2019 anunció que atravesaba un “estrés financiero” y dejó de pagar. La deuda superaba los US$1.500 millones. Lo que siguió fue una de las investigaciones judiciales más largas del sector privado argentino, que recién en septiembre de 2025 llegó a la indagatoria de 26 personas.

Este caso suele contarse como un escándalo político o como una tragedia del campo. Aquí lo miramos desde otro ángulo: el de los controles que fallaron. Porque los mecanismos que permitieron ocultar la situación real de Vicentin durante meses (balances que no reflejaban la operación, garantías liberadas sin respaldo, facturas falsas para simular gastos, fondos que se iban al exterior) son los mismos que, a otra escala, vacían empresas medianas en Argentina, México, Colombia, Perú, Chile y Venezuela. Repasamos qué pasó y qué debería revisar hoy cualquier gerente que dependa de que sus números digan la verdad.

¿Qué pasó con Vicentin y por qué se habla de estafa?

Hasta 2019 Vicentin era una de las principales exportadoras de subproductos de soja de Argentina. El 5 de diciembre de ese año comunicó que no podía afrontar sus pagos y en febrero de 2020 se presentó en concurso preventivo en Reconquista, Santa Fe, con un pasivo declarado que superaba los US$1.500 millones. Entre los acreedores había bancos privados, bancos internacionales, el Banco de la Nación Argentina y más de 2.000 productores que habían entregado granos sin cobrar.

La palabra estafa apareció cuando la justicia empezó a mirar los meses previos al default. Según la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, entre agosto y diciembre de 2019 el Banco Nación siguió otorgando créditos y refinanciando deudas a una empresa cuya calificación crediticia estaba vencida y cuya solvencia ya no existía. Al mismo tiempo, se habrían liberado garantías y fondos retenidos que la empresa retiró en lugar de destinar a cancelar lo que debía. La hipótesis de la fiscalía es que hubo connivencia entre la cúpula de la cerealera y autoridades del banco, en perjuicio del Estado.

¿Quiénes están acusados y de cuánto es el perjuicio?

En septiembre de 2025, tras cinco años de investigación, el juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a 26 personas entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre de ese año. Del lado de Vicentin figuran su expresidente Daniel Buyatti, el exvicepresidente Alberto Macua y varios directores de la familia. Del lado del Banco Nación, el expresidente Javier González Fraga, el exvicepresidente Lucas Llach, exdirectores, gerentes y síndicos. El juez dispuso además la inhibición general de bienes y la prohibición de salir del país para todos ellos.

El perjuicio al Estado se estima en unos US$260 millones, cifra que algunos medios redondean en US$300 millones. La causa detectó también el uso de facturas apócrifas por alrededor de 222 millones de pesos, equivalentes a unos US$3,7 millones al cambio de la época, para simular gastos inexistentes, y transferencias al exterior por cerca de US$17 millones, parte de ellas hacia cuentas en jurisdicciones de baja tributación. Un dato adicional pesa tanto como los montos: Vicentin llegó a representar más del 20% de la cartera crediticia del Banco Nación, un exceso de concentración de riesgo que nunca debió autorizarse. Sobre cómo se cuantifica ese tipo de daño escribimos en cuánto cuesta realmente el fraude a una empresa.

¿Qué controles fallaron para que nadie lo viera a tiempo?

El primer control que falló fue el más básico: la coincidencia entre lo que decían los estados contables y lo que pasaba en la operación. La empresa recibía granos, los procesaba y exportaba, pero el flujo de esos activos y de los pagos comprometidos no cerraba con la caja real. Un balance puede mostrar patrimonio mientras la tesorería está vacía; lo que revela la diferencia es cruzar entregas físicas, compromisos de pago y movimientos bancarios. Nadie con poder de decisión hizo ese cruce a tiempo, o quien lo hizo no fue escuchado.

El segundo control que falló fue la independencia en las autorizaciones. Que un banco libere garantías y otorgue nuevos créditos a su cliente más grande, con calificación vencida, en pleno deterioro, indica que quien aprobaba y quien debía frenar eran, en la práctica, la misma voluntad. El tercero fue la trazabilidad del gasto: las facturas apócrifas funcionaron porque nadie verificó que el servicio facturado existiera. Cada uno de estos puntos tiene un equivalente exacto en una empresa mediana: el gerente que aprueba sus propias compras, el contador que registra la factura que le entregan sin preguntar por el servicio, el dueño que mira el saldo del banco y no el detalle de lo que entra y sale.

¿Cómo se repite el patrón Vicentin en una empresa mediana?

Es tentador pensar que un caso de US$1.500 millones no tiene nada que ver con una empresa de 40 empleados en Rosario, Guadalajara, Medellín, Lima, Santiago o Valencia. Pero los mecanismos son idénticos y solo cambia la escala. Facturas de proveedores que no prestaron el servicio: en Vicentin fueron 222 millones de pesos; en una PyME suelen ser cien mil pesos al mes de un proveedor vinculado a alguien de compras. Garantías o anticipos liberados sin respaldo: en Vicentin fueron fondos retenidos por el banco; en una empresa mediana es el anticipo al proveedor que después no entrega, aprobado por la misma persona que lo pidió.

Fondos que salen hacia destinos que nadie controla: en Vicentin fueron US$17 millones al exterior; en una PyME son las transferencias a cuentas de terceros bajo el concepto de gastos varios que jamás se concilian. Y el balance que no coincide con la operación: en Vicentin fueron dos ejercicios contables; en una empresa mediana es el inventario que en el sistema vale una cosa y en el galpón vale otra, durante años. El denominador común es que en todos los casos hubo documentos válidos que respaldaban movimientos que no debieron ocurrir. Los describimos en detalle en las señales de fraude interno que conviene revisar.

¿Qué debería revisar hoy un gerente para no depender de la confianza?

Primero, separar funciones en compras y pagos: quien solicita no aprueba, quien aprueba no paga, quien paga no concilia. Segundo, cruzar cada pago a proveedor con evidencia de que el bien o servicio existió: una orden de compra previa, una recepción firmada por alguien distinto del comprador, un contrato en el caso de servicios. Tercero, conciliar bancos con independencia y con frecuencia: no al cierre del mes, sino semanalmente, y por alguien que no registre asientos ni apruebe pagos.

Cuarto, limitar la concentración de riesgo: en el banco fue un cliente con más del 20% de la cartera; en una empresa mediana es el proveedor que concentra la mitad de las compras sin competencia, o el cliente que representa el 60% de la facturación y paga cuando quiere. Quinto, revisar excepciones cada mes: proveedores nuevos, pagos duplicados, gastos por encima del promedio, ajustes de inventario. Ninguna de estas medidas exige tecnología cara. Exige que alguien tenga la tarea explícita de comparar lo que dicen los papeles con lo que pasa en la operación, que fue exactamente lo que faltó en Vicentin. Cómo se ve ese cruce en la práctica lo explicamos en las señales de fugas operativas.

¿Cómo saber si en tu empresa los números ya no coinciden con la operación?

El caso Vicentin tardó cinco años en llegar a una indagatoria porque reconstruir hacia atrás lo que pasó en una empresa sin trazabilidad es lento y caro. Hacerlo hacia adelante, en cambio, es sencillo: tomar los datos que la empresa ya tiene (compras, pagos, recepciones, inventario, bancos, nómina) y cruzarlos para ver dónde el proceso permite que una sola persona actúe sin control y dónde ya hay movimientos que no cuadran. Eso es un diagnóstico de fugas operativas.

El diagnóstico dura cuatro semanas, no detiene la operación y termina con un informe de hallazgos y un plan de contención priorizado. Con el Bono de Confianza, ese informe completo es tuyo siempre, con o sin hallazgos. Ningún productor que entregó granos a Vicentin en noviembre de 2019 pensaba que la empresa estaba vacía. El problema no fue la falta de información; fue que nadie la cruzó a tiempo.

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Preguntas frecuentes

¿Cuánto debía Vicentin cuando entró en default?

El pasivo declarado al presentarse en concurso preventivo en febrero de 2020 superaba los US$1.500 millones, con bancos públicos, privados e internacionales y más de 2.000 productores agropecuarios entre los acreedores.

¿De qué se acusa a los 26 exdirectivos indagados en 2025?

La fiscalía investiga un presunto fraude al Estado por unos US$260 millones: créditos y refinanciaciones del Banco Nación otorgados entre 2018 y 2019 a una empresa sin solvencia ni calificación vigente, liberación de garantías y retiro de fondos retenidos. El juez Ercolini ordenó la inhibición de bienes y la prohibición de salir del país de los citados.

¿Qué son las facturas apócrifas detectadas en la causa?

Son comprobantes emitidos por proveedores que no prestaron el servicio facturado, usados para simular gastos inexistentes. En el caso Vicentin se detectaron por unos 222 millones de pesos, equivalentes a cerca de US$3,7 millones al cambio de la época.

¿Qué tiene que ver Vicentin con una empresa mediana?

Los mecanismos son los mismos a otra escala: balances que no coinciden con la operación, aprobaciones sin independencia, pagos a proveedores sin verificar el servicio y fondos que salen a destinos que nadie concilia. En una PyME el daño se mide en cientos de miles de pesos al año, pero el patrón es idéntico.

¿Qué pasó con la empresa después del default?

El concurso preventivo continúa en los tribunales de Reconquista, Santa Fe, con propuestas de distintos grupos agroindustriales para tomar el control de los activos. La causa penal por el presunto fraude al Banco Nación es independiente del proceso comercial.

Aviso: este artículo es informativo y se basa en información pública sobre la causa judicial y el concurso preventivo de Vicentin difundida por medios argentinos hasta septiembre de 2025. Las personas mencionadas están citadas a indagatoria y gozan de presunción de inocencia. Los ejemplos sobre empresas medianas son ilustrativos. No constituye asesoría legal, contable ni financiera.