Corafi y Escorfin: la estafa Ponzi de 6.000 millones a tesorerías públicas en México

Una estafa Ponzi no necesita un mercado sofisticado; necesita un tesorero con autoridad para invertir, un instrumento que nadie pueda valuar y un rendimiento lo bastante alto para no hacer preguntas. En México, entre el sexenio de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, dos financieras poco conocidas, Corafi y Escorfin, reunieron esos tres ingredientes y captaron alrededor de 6.000 millones de pesos de fondos de pensiones, institutos de seguridad social, una universidad, una fiscalía estatal y la propia Segalmex, según la investigación publicada por El País en octubre de 2023.

El instrumento eran certificados fiduciarios privados: títulos emitidos por fideicomisos sin activos suficientes detrás, colocados de forma privada, fuera de la Bolsa Mexicana de Valores y sin calificación de riesgo. Prometieron entre 11% y 13% anual y, de acuerdo con las mismas investigaciones, ofrecieron comisiones en efectivo de alrededor del 5% a los funcionarios que firmaban. Este artículo desarma la mecánica y la traduce a la tesorería de una empresa privada, porque las fallas son las mismas que documentamos en el caso Segalmex y en la encuesta de fraude de KPMG en México.

¿Qué vendieron Corafi y Escorfin y a quién?

Corafi, vinculada a René Dávila de la Vega, y Escorfin, vinculada a Roberto Guzmán García, operaban como intermediarias que colocaban certificados fiduciarios emitidos por fideicomisos privados. En teoría, un certificado fiduciario está respaldado por los activos o flujos del fideicomiso; en este caso, según la investigación periodística, los fideicomisos carecían de sustancia económica y los rendimientos prometidos solo podían pagarse con el dinero de nuevos inversionistas. La colocación era privada, es decir, no pasaba por la bolsa, no requería calificación crediticia y no tenía un precio de mercado observable. El comprador solo tenía la palabra del vendedor y un contrato.

Los compradores fueron tesorerías públicas con excedentes por invertir. El Forte, fondo de retiro de maestros, colocó unos 3.900 millones de pesos. Segalmex invirtió 950 millones que después se recuperaron mediante una recompra gestionada con bancos. El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) aportó 610 millones; el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), 302 millones; la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 213 millones; y la Fiscalía General de Aguascalientes, 66 millones. La suma ronda los 6.000 millones de pesos, buena parte de ellos ahorro para pensiones.

¿Cómo funcionó el esquema durante dos sexenios?

Con la lógica de toda pirámide: mientras entra dinero nuevo, los rendimientos se pagan puntualmente y el instrumento parece sólido. Un tesorero que recibe 12% anual sin retrasos durante dos años tiene todos los incentivos para renovar y aumentar la posición, y ningún incentivo para preguntar qué activos generan ese rendimiento. Cuando el flujo de nuevos inversionistas se frena, los pagos se atrasan, aparecen las promesas de reestructura y finalmente el impago. En el caso del Forte, el dinero era ahorro de maestros para su retiro, con lo que el daño no fue solo patrimonial sino social.

El segundo motor fue la comisión. Según las investigaciones de El País y La Lista, los operadores ofrecían alrededor de un 5% en efectivo a los funcionarios responsables de decidir la inversión. Ese pago convierte al control interno en cómplice: la persona que debía evaluar el riesgo tenía un ingreso personal en aprobarlo. En Segalmex, el exdirector de administración, René Gavira, fue acusado en relación con estas inversiones; el proceso sigue su curso y las personas señaladas gozan de presunción de inocencia. Lo relevante para nuestro análisis es que el esquema atravesó un cambio de gobierno sin interrumpirse, señal de que no dependía de una administración sino de un hueco de control estructural.

¿Cuáles fueron las tres fallas de control que lo hicieron posible?

La primera es la concentración de la decisión. En cada institución afectada, una persona o un círculo pequeño decidía dónde invertir los excedentes, sin un comité con voz independiente ni una política escrita que limitara los instrumentos permitidos. La segunda es la ausencia de verificación del activo: nadie confirmó qué había dentro de los fideicomisos, quién los administraba, qué flujos generaban ni si el emisor tenía capacidad de pago. Se invirtió en un papel porque el papel prometió rendir. La tercera es la falta de límites por contraparte y por tipo de instrumento: fondos de pensiones concentraron miles de millones en un emisor privado no calificado, algo que una política de inversión elemental prohíbe.

Hay una cuarta que suele pasarse por alto: la valuación. Un instrumento sin precio de mercado se registra en los estados financieros al valor que dice el emisor. Mientras el emisor diga que vale cien y pague los intereses, la contabilidad muestra una inversión sana. La pérdida solo aparece cuando el emisor deja de pagar, y para entonces ya es irreversible. Por eso, el rendimiento anormalmente alto no es una oportunidad sino una alerta: nadie paga 12% cuando el gobierno paga 8% a menos que asuma un riesgo que no está explicando o que no tenga intención de devolver el capital.

¿Puede pasarle esto a la tesorería de una empresa mediana?

Pasa con frecuencia y con menos ruido. Una empresa mediana con excedentes de caja recibe ofertas de inversión de asesores, financieras y sociedades poco reguladas que prometen rendimientos por encima del mercado. Si el tesorero o el director de finanzas puede decidir solo, si el dueño mide su desempeño por el rendimiento obtenido y si nadie revisa la contraparte, la empresa queda expuesta exactamente igual que el Forte. En México, la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica periódicamente alertas sobre entidades que captan recursos sin autorización; en Colombia lo hace la Superintendencia Financiera, en Perú la SBS y la SMV, en Chile la CMF, en Argentina la CNV y en Venezuela la Sudeban. Las alertas existen; lo que falta es que alguien en la empresa las consulte antes de firmar.

La variante interna es la que más vemos: el responsable de tesorería mueve excedentes a instrumentos o cuentas que el dueño no conoce, a cambio de una comisión o simplemente para financiar una operación propia, y mientras los intereses se registran nadie hace preguntas. La señal típica es un rendimiento que no corresponde al perfil de riesgo declarado y una contraparte que solo el tesorero conoce. Cuando el instrumento deja de pagar, el hueco ya equivale a varios meses de utilidad.

¿Qué controles habrían frenado la estafa?

Primero, una política de inversión escrita que defina instrumentos permitidos, calificación mínima del emisor, límite por contraparte y horizonte, aprobada por el dueño o el consejo y no modificable por quien opera la tesorería. Segundo, decisión colegiada: toda inversión fuera de instrumentos gubernamentales o bancarios calificados requiere dos firmas y una ficha de análisis de la contraparte que incluya quién la regula, qué activos la respaldan y dónde se puede verificar su precio. Tercero, verificación externa: antes de firmar, consultar los registros del regulador y las alertas públicas de entidades no autorizadas; toma minutos y habría bastado en este caso.

Cuarto, conciliación independiente: alguien que no opera la tesorería confirma mensualmente que las inversiones existen, con estados de cuenta obtenidos directamente de la contraparte y no a través del tesorero. Quinto, regla de rendimiento anormal: cualquier instrumento que ofrezca más de cierto diferencial sobre la tasa de referencia se escala automáticamente a revisión, porque el rendimiento extra es el precio de un riesgo que alguien debe explicar. Sexto, política de regalos y comisiones para el personal de finanzas, con declaración de conflictos de interés. Ninguno de estos controles habría impedido invertir bien; habrían impedido invertir a ciegas.

¿Cómo saber si la tesorería de tu empresa está expuesta?

Las instituciones afectadas se enteraron cuando los pagos se detuvieron. Una empresa mediana puede enterarse antes. Un diagnóstico de fugas operativas revisa los datos de tesorería que la empresa ya tiene (inversiones vigentes, contrapartes, rendimientos pactados, estados de cuenta, firmas autorizadas, movimientos entre cuentas) y los cruza para mostrar qué posiciones dependen de una sola persona, qué contrapartes no aparecen en registros de reguladores, qué rendimientos no corresponden al riesgo declarado y qué estados de cuenta nunca llegan directo de la institución. Aquí explicamos cómo funciona el proceso.

El diagnóstico dura cuatro semanas, no detiene la operación y termina con un informe de hallazgos y un plan de contención priorizado. Con el Bono de Confianza, ese informe completo es tuyo siempre, con o sin hallazgos. Un rendimiento del 12% que nadie puede explicar no es una buena noticia; es la primera señal de que el capital ya no está donde crees.

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Preguntas frecuentes

¿Qué eran Corafi y Escorfin?

Financieras privadas, vinculadas a los empresarios René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García, que colocaban certificados fiduciarios privados sin respaldo suficiente en tesorerías públicas mexicanas, según la investigación de El País (2023).

¿Cuánto dinero captaron y de quién?

Alrededor de 6.000 millones de pesos. El Forte invirtió unos 3.900 millones, Segalmex 950 millones (recuperados vía recompra), el ISSEMyM 610 millones, el ISSTEY 302 millones, la Universidad Autónoma de Aguascalientes 213 millones y la Fiscalía de Aguascalientes 66 millones.

¿Qué rendimiento prometían y qué comisión pagaban?

Rendimientos de 11% a 13% anual, muy por encima de los instrumentos gubernamentales, y, según las investigaciones periodísticas, comisiones en efectivo de alrededor del 5% a los funcionarios que autorizaban la inversión.

¿Por qué se considera un esquema Ponzi?

Porque los fideicomisos emisores no tenían activos suficientes para generar los rendimientos prometidos; estos se pagaban con el dinero de nuevos inversionistas hasta que el flujo se detuvo.

¿Qué debe hacer una empresa privada para no caer en algo similar?

Tener una política de inversión escrita con instrumentos permitidos y límites por contraparte, decisión con dos firmas, verificación del emisor en los registros del regulador, conciliación independiente mensual y una regla que escale a revisión cualquier rendimiento anormalmente alto.

Aviso: este artículo es informativo y se basa en investigaciones publicadas por El País y La Lista (2023) y en información pública sobre las instituciones mencionadas. Los procesos judiciales están en curso y las personas señaladas gozan de presunción de inocencia. Las cifras corresponden a las reportadas por la prensa y pueden variar conforme avancen las investigaciones. No constituye asesoría legal, contable ni financiera.