Anglo American Chile: 46 órdenes de emergencia y un proveedor fantasma de 1.353 millones

Toda empresa necesita una vía para comprar rápido cuando algo se rompe, se derrama o se detiene. El problema es que esa vía, pensada para la excepción, suele tener menos controles que la compra normal, y quien la conoce bien puede convertirla en su canal habitual. Eso es lo que Anglo American denunció ante la justicia chilena en enero de 2025: según su querella, un exsuperintendente del área de seguridad vial y emergencias habría usado 46 órdenes de compra de emergencia para pagar a una empresa vinculada a él por servicios inexistentes, con un perjuicio total estimado en 1.353 millones de pesos chilenos.

El caso está en investigación, el exejecutivo niega los hechos y goza de presunción de inocencia. Lo que sí es público, porque la propia empresa lo describió en su acción legal y la prensa lo documentó, es la mecánica: un proveedor rechazado por riesgo, un canal de urgencia sin filtro de proveedores, un contratista usado como intermediario y dos años sin que nadie cruzara las señales. Este artículo desarma esa mecánica y la compara con lo que vemos en empresas mucho más pequeñas, como en el caso BancoEstado, donde también fue un canal secundario el que falló.

¿Qué denunció Anglo American y por cuánto?

De acuerdo con la querella presentada el 7 de enero de 2025 ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y con lo publicado por La Tercera, Redimin y el estudio CLA Abogados, la minera detectó irregularidades en su proceso de abastecimiento y encargó una auditoría forense a EY. La revisión apuntó a un exsuperintendente de seguridad vial y emergencias que, entre agosto de 2022 y noviembre de 2024, habría dirigido pagos hacia Ingeniería SIGCT SpA, una sociedad vinculada a él, por servicios que no habrían sido prestados.

El perjuicio total se estimó en unos 1.353 millones de pesos chilenos, cerca de 1,4 millones de dólares al tipo de cambio de la época. La audiencia de formalización quedó fijada para agosto de 2025. La defensa sostuvo que la denuncia es inexacta y anticipó que el proceso evidenciará deficiencias en los controles internos de la compañía antes que una conducta delictiva. Esa afirmación, más allá de cómo termine el juicio, es la parte que interesa a cualquier dueño de empresa: qué controles fallaron.

¿Cómo funcionaron las 46 órdenes de compra de emergencia?

En una minera, una SOLPED (solicitud de pedido) de emergencia existe para resolver situaciones que no pueden esperar el ciclo normal de licitación: un derrame, una falla de seguridad, un acceso bloqueado. Por diseño, el trámite es corto y la persona que declara la emergencia tiene mucho peso en la decisión. Según la querella, el exsuperintendente emitió 46 de estas órdenes a favor de Ingeniería SIGCT SpA, sumando alrededor de 1.168 millones de pesos, sin evidencia de que los servicios facturados se hubieran ejecutado.

El detalle más revelador es que ese proveedor no debía estar ahí. En 2023, el área de abastecimiento lo había evaluado como de riesgo medio y rechazado su inscripción como proveedor regular. El canal de emergencia, sin embargo, no consultaba esa lista o permitía saltársela. Es un patrón que se repite en empresas de todos los tamaños: el filtro existe en el proceso principal y desaparece en el atajo, y el atajo termina moviendo más dinero que el proceso principal.

¿Qué papel tuvo el contratista intermediario?

La segunda vía descrita en la querella fue la triangulación. El exsuperintendente era administrador del contrato de Ambipar Response Chile, una empresa de respuesta a emergencias que sí prestaba servicios reales a la minera. Según la denuncia, habría instruido a ese contratista para que facturara servicios supuestamente subcontratados a Ingeniería SIGCT SpA: 11 operaciones por unos 615 millones de pesos, de los cuales unos 185 millones habrían llegado finalmente a la sociedad relacionada. Ambipar se declaró víctima del esquema y afirmó haber aportado antecedentes a la investigación interna.

La triangulación es peligrosa porque la factura que llega a la empresa viene de un proveedor legítimo, con contrato vigente y servicios verificables. El desvío está una capa más abajo, en la subcontratación, donde casi ningún control de cuentas por pagar mira. Para detectarlo hace falta cruzar quién administra el contrato con quién aparece como subcontratista, y preguntar por qué un administrador de contrato tiene interés en que su contratista pague a un tercero específico. En el caso de la operación Tributos vimos la versión tributaria del mismo truco: la factura real que esconde un servicio que no existió.

¿Qué controles fallaron durante más de dos años?

El primero es la separación de funciones. La misma persona declaraba la emergencia, elegía al proveedor, recibía conforme el servicio y administraba el contrato del intermediario. Cuando solicitar, aprobar y recibir están en una sola mano, la única defensa que queda es que alguien externo al proceso revise después, y esa revisión no ocurrió a tiempo. El segundo es la lista de proveedores: un proveedor rechazado por riesgo debería estar bloqueado en todos los canales de pago, no solo en el ciclo regular. Si el sistema permite pagar a un RUT que abastecimiento vetó, la evaluación de riesgo es decorativa.

El tercero es la ausencia de análisis de patrones. Cuarenta y seis emergencias en 27 meses, concentradas en un mismo solicitante y un mismo proveedor, es una frecuencia que cualquier cruce sencillo de datos habría mostrado. Nadie mira las compras de emergencia como conjunto; se revisan una por una, cada una justificada por su propia urgencia. El cuarto es la verificación de la prestación: un servicio de emergencia debería dejar rastro operativo (bitácoras, reportes de incidente, fotografías, horas de equipo) que se pueda cotejar con la factura. Cuando el único respaldo es la firma de quien pidió el servicio, no hay respaldo.

¿Por qué esto le pasa también a una empresa mediana?

Porque el canal de urgencia existe en todas partes, con otros nombres: caja chica ampliada, compra directa, orden verbal del gerente, proveedor de confianza que se paga contra factura sin orden de compra. En una empresa de transporte en Perú, una constructora en Colombia, una planta de alimentos en México o una distribuidora en Argentina, el jefe de mantenimiento o de operaciones suele tener autoridad para resolver emergencias con el proveedor que él elige, y el dueño agradece que el problema se haya resuelto rápido. Con el tiempo, las emergencias se vuelven mensuales y el proveedor, siempre el mismo, se vuelve intocable.

La proporción también es comparable. Para una minera global, 1.353 millones de pesos chilenos es una cifra menor frente a su facturación; para una empresa mediana, el equivalente es un desvío de 2% a 5% de sus compras anuales, que es exactamente el rango que reportan los estudios internacionales de fraude ocupacional y que documentamos en las señales de fraude interno. Nadie lo nota porque cada pago, visto solo, parece razonable. El problema aparece únicamente cuando se mira el conjunto: cuántas urgencias, a quién, aprobadas por quién y con qué evidencia.

¿Cómo revisar el canal de compras urgentes de tu empresa?

Anglo American necesitó una auditoría forense externa para reconstruir dos años de pagos. Una empresa mediana puede hacerlo antes y con menos ruido. Un diagnóstico de fugas operativas toma los datos que la empresa ya tiene (órdenes de compra, facturas, pagos, lista de proveedores, quién solicitó y quién aprobó cada compra, contratos vigentes y sus administradores) y los cruza para mostrar qué proveedores concentran compras urgentes, cuáles fueron rechazados o nunca evaluados, qué solicitantes aprueban sus propias recepciones y qué subcontratistas se repiten detrás de contratistas legítimos. Aquí explicamos cómo funciona el proceso.

El diagnóstico dura cuatro semanas, no detiene la operación y termina con un informe de hallazgos y un plan de contención priorizado. Con el Bono de Confianza, ese informe completo es tuyo siempre, con o sin hallazgos. La emergencia que se repite cada mes con el mismo proveedor no es una emergencia; es un canal de pago que alguien diseñó para no ser revisado.

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Preguntas frecuentes

¿Qué denunció Anglo American en Chile?

Según su querella de enero de 2025, un exsuperintendente de seguridad vial y emergencias habría desviado unos 1.353 millones de pesos chilenos entre agosto de 2022 y noviembre de 2024 mediante pagos a Ingeniería SIGCT SpA, una empresa relacionada con él, por servicios no prestados. El caso está en investigación y el acusado goza de presunción de inocencia.

¿Qué son las órdenes de compra de emergencia o SOLPED?

Solicitudes de pedido de trámite abreviado, pensadas para situaciones que no pueden esperar el ciclo normal de compras. En este caso se habrían emitido 46, por unos 1.168 millones de pesos, a un proveedor que abastecimiento había rechazado en 2023 por riesgo medio.

¿Cómo funcionó la triangulación con el contratista?

De acuerdo con la denuncia, el exsuperintendente, como administrador del contrato de Ambipar Response Chile, habría instruido a ese contratista para facturar servicios supuestamente subcontratados a la empresa relacionada: 11 operaciones por unos 615 millones, de los que unos 185 millones habrían llegado a esa sociedad. Ambipar se declaró víctima.

¿Qué controles fallaron?

Separación de funciones (la misma persona solicitaba, aprobaba y recibía), bloqueo de proveedores rechazados en todos los canales de pago, análisis de patrones de compras urgentes por solicitante y proveedor, y verificación independiente de que el servicio se prestó.

¿Qué puede hacer una empresa mediana para evitar algo parecido?

Exigir doble aprobación y evidencia operativa en toda compra urgente, bloquear en el sistema de pagos a los proveedores vetados, revisar trimestralmente la concentración de compras urgentes por solicitante y proveedor, y separar la administración de contratos de la aprobación de subcontrataciones.

Aviso: este artículo es informativo y se basa en la querella presentada por Anglo American en enero de 2025 y en la cobertura de La Tercera, Redimin y el estudio CLA Abogados. El proceso judicial está en curso y las personas mencionadas gozan de presunción de inocencia; la defensa ha negado los hechos. Las cifras corresponden a las reportadas por la empresa y la prensa y pueden variar conforme avance la investigación. No constituye asesoría legal.